Querido hermano argentino. Estoy de acuerdo en casi todo lo que has 
escrito sobre mi país. Casi toda la información es bastante correcta, 
salvo algunos detalles de la interna frenteamplista en los cuales tengo 
algunas pequeñas diferencias; matices que no hacen a la cuestión central 
que tú planteas y que tiene que ver con el rumbo que toma el gobierno y 
que afectará la vida de ambos pueblos, sin lugar a dudas, porque si 
Uruguay se aleja del Mercosur el bloque se debilitará políticamente, 
precisamente en un momento en el cual la estrategia geopolítica del imperio 
apunta al corazón de Argentina y de Brasil, países que conforman la 
columna vertebral del bloque. 
En el actual contexto no es fácil contestar la pregunta de Jaime Roos, 
porque a esta altura la mayoría de los ciudadanos de a pie ignoramos 
adónde iremos a parar de la mano de este gobierno. Pero como el último 
viraje del presidente Vázquez está muy relacionado con el conflicto por 
las llamadas papeleras (mejor sería llamarlas pasteras porque no 
producirán papel sino celulosa, es decir, una pasta que puede servir para 
fabricar papel pero a la cual mayoritariamente se le da otros destinos como 
la elaboración de cartón y celuloides suntuarios) copio a continuación 
un jugoso artículo del periodista Walter Falco, que aporta una visión 
uruguaya diferente a la oficial, que yo comparto en términos generales, 
y que demuestra cuán cercanos estamos los uruguayos de los argentinos, 
a pesar de lo lejos que estén de nosotros nuestros gobiernos.
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Plantas asesinas, compañeros entrampados
Quienes hoy toman decisiones que afectan la vida de los pueblos quizás 
lleguen a ser juzgados –en el futuro– por algún prestigioso tribunal 
como criminales de lesa naturaleza por el delito de ecocidio. Por ahora 
están a salvo pues aún no se ha establecido una normativa internacional 
que castigue a quienes, actuando como gobernantes, cometen tales 
delitos. Porque lamentablemente es lo que nuestro gobierno hace al permitir 
la instalación de plantas de celulosa sin exigir el uso de la tecnología 
que, en el proceso de fabricación de la pasta, garantiza un nivel menor 
de contaminación, esto es, la llamada TCF (Totalmente Libre de Cloro), 
dado que es una técnica de ciclo cerrado, casi sin efluentes líquidos. 
A pesar de los enormes riesgos que implica y que el uso de la TCF no 
garantiza que no exista contaminación y que ésta se producirá de 
cualquier modo, debido principalmente al gigantesco volumen de sustancias 
tóxicas que serán vertidas al medio, al agua, a la tierra y al aire como 
resultado de un proceso industrial a gran escala, la exigencia de su 
aplicación sería una forma menos ominosa de soportar la imposición de estas 
plantas cuya instalación traerá al país muchos más perjuicios que 
beneficios.
Hay dos aspectos centrales en el debate sobre la instalación de las 
celulósicas Botnia y Ence (es un error llamarlas papeleras porque no 
producirán papel sino pasta de celulosa para exportar y para otros usos, de 
modo que quienes argumentan sobre la fatal necesidad de fabricar papel 
orinan fuera del tarro, algunos por ignorancia, otros a propósito) y 
que son, a saber: la creación de fuentes de trabajo y el grado de 
contaminación que provocarán estas industrias.
Respecto de este último punto es evidente que se le ha ocultado 
información a la opinión pública, tanto desde las empresas como desde el 
gobierno y desde los organismos internacionales. Resulta triste comprobar 
como nuestros gobernantes y algunos compañeros, cuando la prensa los 
consulta, argumentan que “si el informe del Banco Mundial dice que no habrá 
contaminación...”.
¿Es que ahora los informes del Banco Mundial son confiables?, cuando 
toda la vida esa institución se ha caracterizado por invertir millones de 
dólares en informes técnicos cuyos resultados han sido, 
invariablemente, favorecer a las grandes empresas transnacionales en perjuicio de las 
pequeñas empresas nacionales, favorecer a los países ricos en contra de 
los países pobres y dentro de estos, favorecer a las clases ricas en 
perjuicio de las clases pobres. El eterno discurso del Banco Mundial -así 
como de otros organismos financieros internacionales similares- es: 
“hacemos lo que hacemos para favorecer a los pobres”, y el eterno 
resultado de las acciones de esa entidad es que los países pobres como el 
nuestro y a su vez los pobres dentro de cada país son los eternamente 
perjudicados. ¿Por qué razón tenemos que confiar ahora en los informes del 
Banco Mundial cuando siempre nos han jodido?
Pero lo que parece el colmo de la ingenuidad o de la desvergüenza -vaya 
uno a saber- es que nadie parece darse cuenta de que era absolutamente 
lógico que el Banco Mundial aprobara el préstamo, porque prestar plata 
a interés es una de las actividades principales de un banco y para que 
la operación financiera se concretara era condición indispensable que 
el informe ambiental fuera favorable a las plantas. La desfachatez, el 
caradurismo, de estas personas no tiene límites: con un cinismo a toda 
prueba le pusieron el pomposo título de ombudsman (defensor del pueblo) 
a la persona que dirigía esta operación financiada por el Banco Mundial 
para engañar incautos. Y lo triste es que hasta el momento no se han 
escuchado voces que cuestionen semejante engañifa. Peor: para oprobio del 
pueblo frenteamplista sus dirigentes manejan ese informe como si fuese 
una verdad revelada.
(El Grupo Guayubira –que cuestiona la instalación de las plantas– 
sostiene que el informe de la ombudsman confirma sus denuncias en lo 
referente a la insuficiencia de las evaluaciones de impacto ambiental (EIAs) 
realizadas por las empresas y aprobadas por el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA); en cuanto a la falta 
de controles adecuados por parte del gobierno y en lo concerniente a la 
inexistencia de evaluación de los impactos sobre diversos sectores 
económicos, en particular la agricultura, la pesca y el turismo, así como 
sobre las poblaciones, los sectores sociales y los individuos 
potencialmente afectados. Para mayor información consultar 
href="http://www.guayubira.org.uy/celulosa/Confirman_impactos.html">http://www.guayubira.org.uy/celulosa/Confirman_impactos.html)
Sin plantas no había negocio, con plantas, en cambio, se generaba otro 
buen negocio para el Banco Mundial, un negocio que para colmo de males 
vamos a tener que terminar pagando de nuestro propio lomo. Porque, por 
si usted no lo sabe, amigo lector, la empresa Botnia anunció que, en 
realidad, no tiene la plata que antes dijo tener y que no puede invertir 
lo que anunció que iba a invertir, y por eso le pidió prestado al Banco 
Mundial, pero no sólo, también le pidió plata al gobierno uruguayo y 
este ya le concedió varios privilegios, entre otros una generosa exención 
de impuestos (la superficie donde se construye la planta y el puerto se 
han convertido en zona franca, entre otras prebendas). Esa es plata que 
vamos a tener que poner de nuestro bolsillo todos los uruguayos. De 
modo que argumentar sobre la base de un informe técnico viciado de 
nulidad, flechado y éticamente inadmisible por la conjunción de intereses, es 
una reverenda tontería, sino algo aun más grave.
Y lo que no dice ese informe, ni ninguno de los que se han elaborado 
hasta el momento, es que la contaminación que provocarán Botnia y Ence 
será realmente grave y perjudicial. En particular porque se utilizará la 
tecnología ECF (que significa Parcialmente Libre de Cloro o Libre de 
Cloro Elemental según sus siglas en inglés). Es una tecnología que tiene 
unos 15 años de atraso respecto del sistema TCF y cuyo uso está 
seriamente cuestionado, restringido y controlado en los países desarrollados. 
Incluso hasta la modesta Fanapel tiene planeado reconvertirse al TCF, 
pues es un método de procesamiento que minimiza los riesgos y reduce los 
daños ambientales, que suelen ser inevitables en este tipo de 
industria.
Uno se pregunta si una pequeña industria nacional, como Fanapel, que en 
Juan Lacaze produce entre 30 mil y 35 mil toneladas anuales de pasta de 
papel, es capaz de reconvertirse y usar el TCF, por qué no pueden 
hacerlo estos monstruos transnacionales que prevén una producción 
gigantesca, 50 veces mayor: un millón de toneladas anuales Botnia y medio millón 
Ence.
Las razones parecen claras: el sistema ECF es sensiblemente más barato 
que el TCF y el gobierno uruguayo no se ha tomado la molestia de exigir 
que se aplique este último, cosa que debería hacer como condición 
mínima previa a la instalación de estas plantas
Actualmente sólo hay dos plantas en el mundo que producen un millón de 
toneladas y no están en España ni en Finlandia sino en China y Brasil. 
La instalación de estas plantas en Uruguay, que juntas se convertirán 
en el mayor productor mundial de celulosa con un millón y medio de 
toneladas anuales, forma parte de un vasto plan de los países del Norte para 
trasladar gran parte de la industria altamente tóxica a los territorios 
de los países subdesarrollados. Una estrategia que cumple varios 
objetivos, entre ellos: alejar de los países centrales el peligro de la 
contaminación -que se envenenen los pobres- pues en la mayoría de los países 
pobres no hay conciencia ecológica desarrollada ni medios adecuados 
para controlar a las industrias contaminantes; y producir con costos 
sensiblemente inferiores: privilegios impositivos, exenciones tributarias, 
materia prima y mano de obra baratas. En esa estrategia se inscribe la 
imposición de un modelo forestal basado en el monocultivo de especies de 
crecimiento rápido en la mayoría de los países subdesarrollados.
Por otra parte, los que defienden la instalación de las celulósicas 
sostienen que son positivas porque van a generar fuentes de trabajo. Nada 
más falso. Es cierto que, parcialmente, durante dos o tres años, 
mientras dure la construcción de las plantas, se van a crear algunos puestos 
de trabajo en la construcción y en las industrias y servicios 
complementarios, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana.
En realidad la planta de Botnia sólo ocupará a unas 300 personas, la 
mayoría de los cuales serán técnicos y un alto porcentaje extranjeros. 
Sólo habrá unos pocos lugares para operarios altamente especializados y 
sólo habrá ocho puestos de trabajo para personas de educación media 
hacia abajo. De modo que los famosos puestos de trabajo para los 
fraybentinos quedarán en la nada: ni pensar que se genere algún empleo para algún 
uruguayo de otras latitudes, salvo que sea algún técnico o profesional 
especialmente preparado para trabajar en la industria y que tenga una 
suerte similar a la de ganar el Cinco de Oro, porque los empleos si los 
hubiere serán bien poquitos.
Pero lo más grave es que la cantidad de puestos de trabajo que esta 
industria va a destruir será sensiblemente mayor a los que va a crear. Se 
perderán cientos de empleos en la agropecuaria, en la agricultura, en 
la apicultura, en la pesca, en la hotelería y en el turismo, entre otras 
áreas importantes de la economía, no sólo de los fraybentinos sino de 
todo el país.
Está comprobado que, de todas las actividades económicas en el medio 
rural, la forestal es la que emplea menor mano de obra, menos incluso que 
la ganadería extensiva, actividad que tenía el peor índice del país 
antes de que se iniciara la forestación. Un solo ejemplo: diez mil 
hectáreas forestadas dan empleo, en promedio, a 45 personas. En igual 
superficie la horticultura (actividad que está en la mitad de la tabla del 
ranqueo en lo que a generación de fuentes de trabajo refiere) proporciona 
1330 empleos, es decir, treinta veces más que la forestación.
(De acuerdo con los datos del censo agropecuario del 2000 el número de 
trabajadores permanentes por cada mil hectáreas forestadas es de 4,49. 
La ganadería de vacunos de carne genera 5,84 empleos permanentes en la 
misma extensión de tierra, en tanto que la ganadería de ovinos provee 
9,18 empleos. Y éstas, junto con la producción de arroz (7,75), son las 
peores cifras. En el extremo opuesto se encuentran la producción para 
autoconsumo (262 empleos/mil hectáreas), de aves (211), la viticultura 
(165), la horticultura (133) y la producción de cerdos (12
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alt="Cool" />, en tanto que en el medio se ubican la producción de vacunos de 
leche (22), los servicios de maquinaria (20) y los cultivos cerealeros e 
industriales (10).
Además, los empleos forestales son los de peor calidad, condición y 
remuneración, al punto que han sido calificados como trabajo esclavo. La 
experiencia de la forestación en los últimos veinte años revela que esta 
industria ha destruido los ecosistemas, ha desertificado las tierras 
fértiles aptas para la ganadería y la agricultura, ha expulsado a los 
colonos de sus tierras y ha destruido cientos de puestos de trabajo en 
diversas áreas, empobreciendo al país y sus posibilidades de futuro.
(En los departamentos de Tacuarembó y Rivera, al norte del país, 
decenas de colonos que arrendaban parcelas para diversos cultivos –en la 
mayoría de los casos en régimen de huerta familiar– fueron expulsados de 
sus tierras por los propietarios para destinarlas a plantar eucaliptos o 
venderlas a transnacionales de la forestación. En aquellos lugares 
donde antes se concentraban hasta 200 personas ocupadas ahora basta con 
cuatro peones para vigilar grandes extensiones de campo forestado. Una 
serie de notas del periodista e investigador social Víctor Bachetta, 
publicadas por el diario La República entre febrero y mayo de 2005, ilustra 
ese proceso con mayor detalle y claridad.)
Sin embargo, hay quienes no se resignan a perder lo invertido en 
forestación y a costa del sufrimiento del resto del país y del alto riesgo de 
un gravísimo deterioro ambiental, presionan al gobierno para que 
convierta a Uruguay en un país forestal, es decir, que deje de ser el 
“Uruguay Natural” cuya imagen se ha promovido en forma publicitaria y pase a 
ser una especie de republiqueta bananera de las transnacionales 
forestales.
Los perjuicios para el país serán enormes, en particular para el propio 
departamento de Río Negro, cuyo balneario Las Cañas, uno de los más 
bellos y de mayor atracción turística del país, situado a ocho quilómetros 
aguas abajo de Fray Bentos, será el principal perjudicado. ¿Quién va a 
veranear a un lugar donde hay olor a huevo podrido? ¿Quién se va a 
bañar en las aguas de una playa sobre la cual se volcarán diariamente miles 
de litros de sustancias químicas peligrosas para la salud, en 
particular los ya conocidos contaminantes orgánicos persistentes (COP)? Los 
puestos de trabajo que se perderán en esa área turística todavía no han 
sido evaluados pero sumarán una cifra sin duda relevante.
Dicho sea de paso, al permitir la instalación de las celulósicas el 
gobierno violará los acuerdos internacionales que el propio país firmó, 
como la convención de Estocolmo para reducir la emisión de dioxinas y 
furanos. Uruguay, a contrapelo del mundo, aumentará la emisión de esas 
sustancias.
Pero no sólo el turismo de Fray Bentos se verá resentido, también el de 
todo el país y en particular el de la costa Este, porque ya la imagen 
de “Uruguay Natural” ha quedado muy deteriorada por todo este asunto y 
la obcecada negativa del gobierno uruguayo a escuchar la protesta de los 
ambientalistas argentinos y las advertencias de los ambientalistas 
criollos ha causado enormes perjuicios a las posibilidades turísticas del 
país, en particular la de los años venideros. El turismo representó en 
el año 2005 un alto porcentaje del total de ingresos de divisas al país, 
de modo que poner en riesgo la continuidad de esos ingresos es atentar 
contra la economía del país y contra los intereses del país mismo.
Pero lo más grave es que si el gobierno mantiene su tozuda posición se 
corre el riesgo de que el conflicto con Argentina se agrave al punto de 
poner en cuestión las relaciones comerciales con uno de los principales 
mercados compradores de nuestra producción exportable.
(La gremial uruguaya de transportistas, junto a sectores exportadores, 
anunció recientemente que el país ya perdió más de treinta millones de 
dólares a raíz de este conflicto. ¿Hasta cuando el gobierno uruguayo 
seguirá manteniendo una posición que conduce a nuestra economía y al país 
a situaciones críticas y ruinosas?)
En aras de la defensa de una posición favorable a las celulósicas 
-insostenible, a esta altura- se pone en riesgo uno de los principales 
soportes de la economía del país: la exportación al mercado argentino. No 
debemos olvidar que las campañas de boicot a determinados productos o 
marcas, que suele emplear como método de lucha la organización ecologista 
Greenpeace, suelen dar buen resultado y afectar grandemente el consumo 
de tales mercaderías. ¿Vale la pena exponernos a ese riesgo, que ya es 
una realidad en puerta?
Por otra parte, cuando nuestra etiqueta internacional “Uruguay, País 
Natural” pierda confiabilidad ante los consumidores internacionales, el 
turismo se resienta y el mundo comience a dejar de comprar nuestros 
productos, no digo árboles, sino carne, cueros, lana, lácteos, cereales o 
cualquier otro producto “natural”, ¿qué le va a decir este gobierno a la 
gente? ¿Ajo y agua? 
Si la instalación de esas plantas trae tantos problemas y tan pocos 
beneficios, por qué razón nuestros gobernantes siguen empeñados en 
apoyarlas. ¿Los frenteamplistas no se han preguntado por qué los principales 
dirigentes políticos del Partido Colorado y del Partido Nacional apoyan 
al gobierno en este tema en forma casi más fanática que los propios 
militantes de izquierda?
Claro, tampoco parecen haberse percatado de que se ha montado una gran 
parafernalia mediática a favor de las plantas, diligente para 
descalificar cualquier opinión contraria, identificando el asunto como si fuera 
una causa nacional, en un bombardeo permanente que hace recordar la 
metodología goebbeliana en materia informativa.
No es porque esto beneficie al país, es porque tales organizaciones 
políticas están involucradas con el modelo forestal, en particular Lacalle 
y compañía y por eso el dirigente herrerista ha manifestado su apoyo 
incondicional a Vázquez en este asunto. ¿En qué se fundamenta, entonces, 
la postura del gobierno? (Véase recuadro).
Una punta del ovillo por donde empezar a comprender semejante embrollo 
parece ser el hecho de que buena parte del sector profesional uruguayo 
-abogados, médicos, escribanos, arquitectos y otros profesionales-, así 
como otros sectores de clase media y alta (bancarios y banqueros) 
realizaron en el pasado reciente grandes inversiones en forestación y ahora 
presionan al gobierno para que favorezca la instalación de las plantas, 
lo que le daría una salida rápida, segura y económica -sin el costo de 
los fletes- a los miles de árboles que ocupan hoy buena parte del 
territorio nacional. 
Es sabido que en los años 80 y 90 muchos profesionales universitarios 
invirtieron en forestación. Es paradigmático el caso de las cajas de 
profesionales, de notarios y de bancarios, las cuales poseen grandes 
extensiones forestadas. Ya es conocido el hecho de que el gremio bancario 
(AEBU) apoyó un acuerdo entre Botnia y la Caja Bancaria para que esta 
institución provea de madera a la transnacional finlandesa. Si a esos 
antecedentes le sumamos que algunos izquierdistas todavía sostienen el 
ilusorio sueño de volver al pasado industrialista, con muchas fábricas 
echando humo por sus chimeneas y con el crecimiento del proletariado 
industrial como columna vertebral de una futura revolución social, entonces 
uno puede empezar a comprender por qué en la izquierda son muy pocos los 
que cuestionan esta nueva barbarie a la cual el imperio nos quiere 
someter y que el gobierno frenteamplista más que tolera, apoya con 
inusitado fervor.
RECUADRO – La coima, el tiburón y la sardina
A pesar de que el canciller uruguayo ha sostenido que nuestro gobierno 
no acepta coimas, sugiriendo en forma elíptica que sí lo habrían hecho 
las autoridades argentinas, de haberse dado la oportunidad, es 
innegable que todos los partidos políticos uruguayos con representación 
parlamentaria (incluido el Frente Amplio) ya aceptaron el dinero que las 
empresas Botnia y Ence pusieron arriba de la mesa para financiar los viajes 
de un nutrido grupo de parlamentarios al viejo continente, quienes 
viajaron con todos los gastos pagos con la excusa de ir a inspeccionar las 
celulósicas en sus respectivos países.
Lo real es que hay mucho dinero de por medio, que estas empresas no 
escatiman en financiar gigantescas campañas publicitarias a su favor ni en 
apelar al medio que sea para ganar adeptos, y que la compra de 
conciencias está en el orden del día. Hasta han llegado incluso a organizar 
fiestas masivas y regalar toneladas de juguetes y artículos escolares en 
los barrios pobres de Fray Bentos para captar la simpatía de la opinión 
pública. Si uno no fuera tan crédulo podría llegar a pensar que se 
trata de demagogia pura.
Recientemente se denunció que la empresa Botnia pagó algo más de cuatro 
mil dólares a un dirigente ambientalista fraybentino para que actuara 
solapadamente entre los ambientalistas uruguayos con el objetivo de 
frenar las manifestaciones contrarias a la instalación de las plantas, e 
influyera en la asamblea ciudadana de Gualeguaychú para promover un 
ámbito de entendimiento entre las partes. Los directivos de la empresa 
reconocieron públicamente que le habían entregado al fulano solamente 50 mil 
pesos para que se encargara de tales gestiones, pero negaron que 
semejante conducta pudiera ser calificada de coima. 
Pero aunque absolutamente todos los miembros del plantel gobernante 
fueran tan ingenuos como impolutos, hay algunos hechos que no pueden 
negarse: porque es innegable que la actual postura del gobierno en esta 
materia es absolutamente funcional a los intereses de los Estados Unidos. 
Es evidente que un Mercosur fuerte conspira contra los planes 
hegemónicos del imperio. Sobre todo con el acople de Chile, Bolivia y Venezuela, 
lo que conformaría un poderoso bloque no sólo ya económico sino también 
político que, a corto y a mediano plazo, podría convertirse cuando 
menos en una gran incomodidad para el gigante del norte. Por eso Estados 
Unidos arremete con el ALCA y por eso, a los fines de su estrategia, 
resulta funcional que el Mercosur se debilite, que no avance. En ese marco, 
la polémica por las plantas de celulosa y la grieta cada vez más agria 
en las relaciones entre Argentina y Uruguay acumula para los intereses 
estadounidenses y va en contra de los intereses de nuestras naciones. 
No es casual, entonces, que algunas voces del gobierno comiencen a 
hablar en forma favorable a un eventual tratado bilateral de libre comercio 
con Estados Unidos. Se cumple la vieja ley; el pez grande se come al 
chico.
PD: el flamante anuncio del presidente Vázquez en la propia sede del 
imperio, sobre el inminente alejamiento de Uruguay del MERCOSUR, no hace 
más que confirmar una triste sospecha: el viejo imperio sigue mandando, 
aunque la gente haya votado por el cambio y el socialismo. Una vez más 
los hechos convocan a no cejar en la lucha por los viejos sueños.
Walter Falco
Montevideo, 1 de mayo de 2006.