escrito sobre mi país. Casi toda la información es bastante correcta,
salvo algunos detalles de la interna frenteamplista en los cuales tengo
algunas pequeñas diferencias; matices que no hacen a la cuestión central
que tú planteas y que tiene que ver con el rumbo que toma el gobierno y
que afectará la vida de ambos pueblos, sin lugar a dudas, porque si
Uruguay se aleja del Mercosur el bloque se debilitará políticamente,
precisamente en un momento en el cual la estrategia geopolítica del imperio
apunta al corazón de Argentina y de Brasil, países que conforman la
columna vertebral del bloque.
En el actual contexto no es fácil contestar la pregunta de Jaime Roos,
porque a esta altura la mayoría de los ciudadanos de a pie ignoramos
adónde iremos a parar de la mano de este gobierno. Pero como el último
viraje del presidente Vázquez está muy relacionado con el conflicto por
las llamadas papeleras (mejor sería llamarlas pasteras porque no
producirán papel sino celulosa, es decir, una pasta que puede servir para
fabricar papel pero a la cual mayoritariamente se le da otros destinos como
la elaboración de cartón y celuloides suntuarios) copio a continuación
un jugoso artículo del periodista Walter Falco, que aporta una visión
uruguaya diferente a la oficial, que yo comparto en términos generales,
y que demuestra cuán cercanos estamos los uruguayos de los argentinos,
a pesar de lo lejos que estén de nosotros nuestros gobiernos.
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Plantas asesinas, compañeros entrampados
Quienes hoy toman decisiones que afectan la vida de los pueblos quizás
lleguen a ser juzgados –en el futuro– por algún prestigioso tribunal
como criminales de lesa naturaleza por el delito de ecocidio. Por ahora
están a salvo pues aún no se ha establecido una normativa internacional
que castigue a quienes, actuando como gobernantes, cometen tales
delitos. Porque lamentablemente es lo que nuestro gobierno hace al permitir
la instalación de plantas de celulosa sin exigir el uso de la tecnología
que, en el proceso de fabricación de la pasta, garantiza un nivel menor
de contaminación, esto es, la llamada TCF (Totalmente Libre de Cloro),
dado que es una técnica de ciclo cerrado, casi sin efluentes líquidos.
A pesar de los enormes riesgos que implica y que el uso de la TCF no
garantiza que no exista contaminación y que ésta se producirá de
cualquier modo, debido principalmente al gigantesco volumen de sustancias
tóxicas que serán vertidas al medio, al agua, a la tierra y al aire como
resultado de un proceso industrial a gran escala, la exigencia de su
aplicación sería una forma menos ominosa de soportar la imposición de estas
plantas cuya instalación traerá al país muchos más perjuicios que
beneficios.
Hay dos aspectos centrales en el debate sobre la instalación de las
celulósicas Botnia y Ence (es un error llamarlas papeleras porque no
producirán papel sino pasta de celulosa para exportar y para otros usos, de
modo que quienes argumentan sobre la fatal necesidad de fabricar papel
orinan fuera del tarro, algunos por ignorancia, otros a propósito) y
que son, a saber: la creación de fuentes de trabajo y el grado de
contaminación que provocarán estas industrias.
Respecto de este último punto es evidente que se le ha ocultado
información a la opinión pública, tanto desde las empresas como desde el
gobierno y desde los organismos internacionales. Resulta triste comprobar
como nuestros gobernantes y algunos compañeros, cuando la prensa los
consulta, argumentan que “si el informe del Banco Mundial dice que no habrá
contaminación...”.
¿Es que ahora los informes del Banco Mundial son confiables?, cuando
toda la vida esa institución se ha caracterizado por invertir millones de
dólares en informes técnicos cuyos resultados han sido,
invariablemente, favorecer a las grandes empresas transnacionales en perjuicio de las
pequeñas empresas nacionales, favorecer a los países ricos en contra de
los países pobres y dentro de estos, favorecer a las clases ricas en
perjuicio de las clases pobres. El eterno discurso del Banco Mundial -así
como de otros organismos financieros internacionales similares- es:
“hacemos lo que hacemos para favorecer a los pobres”, y el eterno
resultado de las acciones de esa entidad es que los países pobres como el
nuestro y a su vez los pobres dentro de cada país son los eternamente
perjudicados. ¿Por qué razón tenemos que confiar ahora en los informes del
Banco Mundial cuando siempre nos han jodido?
Pero lo que parece el colmo de la ingenuidad o de la desvergüenza -vaya
uno a saber- es que nadie parece darse cuenta de que era absolutamente
lógico que el Banco Mundial aprobara el préstamo, porque prestar plata
a interés es una de las actividades principales de un banco y para que
la operación financiera se concretara era condición indispensable que
el informe ambiental fuera favorable a las plantas. La desfachatez, el
caradurismo, de estas personas no tiene límites: con un cinismo a toda
prueba le pusieron el pomposo título de ombudsman (defensor del pueblo)
a la persona que dirigía esta operación financiada por el Banco Mundial
para engañar incautos. Y lo triste es que hasta el momento no se han
escuchado voces que cuestionen semejante engañifa. Peor: para oprobio del
pueblo frenteamplista sus dirigentes manejan ese informe como si fuese
una verdad revelada.
(El Grupo Guayubira –que cuestiona la instalación de las plantas–
sostiene que el informe de la ombudsman confirma sus denuncias en lo
referente a la insuficiencia de las evaluaciones de impacto ambiental (EIAs)
realizadas por las empresas y aprobadas por el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA); en cuanto a la falta
de controles adecuados por parte del gobierno y en lo concerniente a la
inexistencia de evaluación de los impactos sobre diversos sectores
económicos, en particular la agricultura, la pesca y el turismo, así como
sobre las poblaciones, los sectores sociales y los individuos
potencialmente afectados. Para mayor información consultar href="http://www.guayubira.org.uy/celulosa/Confirman_impactos.html">http://www.guayubira.org.uy/celulosa/Confirman_impactos.html)
Sin plantas no había negocio, con plantas, en cambio, se generaba otro
buen negocio para el Banco Mundial, un negocio que para colmo de males
vamos a tener que terminar pagando de nuestro propio lomo. Porque, por
si usted no lo sabe, amigo lector, la empresa Botnia anunció que, en
realidad, no tiene la plata que antes dijo tener y que no puede invertir
lo que anunció que iba a invertir, y por eso le pidió prestado al Banco
Mundial, pero no sólo, también le pidió plata al gobierno uruguayo y
este ya le concedió varios privilegios, entre otros una generosa exención
de impuestos (la superficie donde se construye la planta y el puerto se
han convertido en zona franca, entre otras prebendas). Esa es plata que
vamos a tener que poner de nuestro bolsillo todos los uruguayos. De
modo que argumentar sobre la base de un informe técnico viciado de
nulidad, flechado y éticamente inadmisible por la conjunción de intereses, es
una reverenda tontería, sino algo aun más grave.
Y lo que no dice ese informe, ni ninguno de los que se han elaborado
hasta el momento, es que la contaminación que provocarán Botnia y Ence
será realmente grave y perjudicial. En particular porque se utilizará la
tecnología ECF (que significa Parcialmente Libre de Cloro o Libre de
Cloro Elemental según sus siglas en inglés). Es una tecnología que tiene
unos 15 años de atraso respecto del sistema TCF y cuyo uso está
seriamente cuestionado, restringido y controlado en los países desarrollados.
Incluso hasta la modesta Fanapel tiene planeado reconvertirse al TCF,
pues es un método de procesamiento que minimiza los riesgos y reduce los
daños ambientales, que suelen ser inevitables en este tipo de
industria.
Uno se pregunta si una pequeña industria nacional, como Fanapel, que en
Juan Lacaze produce entre 30 mil y 35 mil toneladas anuales de pasta de
papel, es capaz de reconvertirse y usar el TCF, por qué no pueden
hacerlo estos monstruos transnacionales que prevén una producción
gigantesca, 50 veces mayor: un millón de toneladas anuales Botnia y medio millón
Ence.
Las razones parecen claras: el sistema ECF es sensiblemente más barato
que el TCF y el gobierno uruguayo no se ha tomado la molestia de exigir
que se aplique este último, cosa que debería hacer como condición
mínima previa a la instalación de estas plantas
Actualmente sólo hay dos plantas en el mundo que producen un millón de
toneladas y no están en España ni en Finlandia sino en China y Brasil.
La instalación de estas plantas en Uruguay, que juntas se convertirán
en el mayor productor mundial de celulosa con un millón y medio de
toneladas anuales, forma parte de un vasto plan de los países del Norte para
trasladar gran parte de la industria altamente tóxica a los territorios
de los países subdesarrollados. Una estrategia que cumple varios
objetivos, entre ellos: alejar de los países centrales el peligro de la
contaminación -que se envenenen los pobres- pues en la mayoría de los países
pobres no hay conciencia ecológica desarrollada ni medios adecuados
para controlar a las industrias contaminantes; y producir con costos
sensiblemente inferiores: privilegios impositivos, exenciones tributarias,
materia prima y mano de obra baratas. En esa estrategia se inscribe la
imposición de un modelo forestal basado en el monocultivo de especies de
crecimiento rápido en la mayoría de los países subdesarrollados.
Por otra parte, los que defienden la instalación de las celulósicas
sostienen que son positivas porque van a generar fuentes de trabajo. Nada
más falso. Es cierto que, parcialmente, durante dos o tres años,
mientras dure la construcción de las plantas, se van a crear algunos puestos
de trabajo en la construcción y en las industrias y servicios
complementarios, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana.
En realidad la planta de Botnia sólo ocupará a unas 300 personas, la
mayoría de los cuales serán técnicos y un alto porcentaje extranjeros.
Sólo habrá unos pocos lugares para operarios altamente especializados y
sólo habrá ocho puestos de trabajo para personas de educación media
hacia abajo. De modo que los famosos puestos de trabajo para los
fraybentinos quedarán en la nada: ni pensar que se genere algún empleo para algún
uruguayo de otras latitudes, salvo que sea algún técnico o profesional
especialmente preparado para trabajar en la industria y que tenga una
suerte similar a la de ganar el Cinco de Oro, porque los empleos si los
hubiere serán bien poquitos.
Pero lo más grave es que la cantidad de puestos de trabajo que esta
industria va a destruir será sensiblemente mayor a los que va a crear. Se
perderán cientos de empleos en la agropecuaria, en la agricultura, en
la apicultura, en la pesca, en la hotelería y en el turismo, entre otras
áreas importantes de la economía, no sólo de los fraybentinos sino de
todo el país.
Está comprobado que, de todas las actividades económicas en el medio
rural, la forestal es la que emplea menor mano de obra, menos incluso que
la ganadería extensiva, actividad que tenía el peor índice del país
antes de que se iniciara la forestación. Un solo ejemplo: diez mil
hectáreas forestadas dan empleo, en promedio, a 45 personas. En igual
superficie la horticultura (actividad que está en la mitad de la tabla del
ranqueo en lo que a generación de fuentes de trabajo refiere) proporciona
1330 empleos, es decir, treinta veces más que la forestación.
(De acuerdo con los datos del censo agropecuario del 2000 el número de
trabajadores permanentes por cada mil hectáreas forestadas es de 4,49.
La ganadería de vacunos de carne genera 5,84 empleos permanentes en la
misma extensión de tierra, en tanto que la ganadería de ovinos provee
9,18 empleos. Y éstas, junto con la producción de arroz (7,75), son las
peores cifras. En el extremo opuesto se encuentran la producción para
autoconsumo (262 empleos/mil hectáreas), de aves (211), la viticultura
(165), la horticultura (133) y la producción de cerdos (12
alt="Cool" />, en tanto que en el medio se ubican la producción de vacunos de
leche (22), los servicios de maquinaria (20) y los cultivos cerealeros e
industriales (10).
Además, los empleos forestales son los de peor calidad, condición y
remuneración, al punto que han sido calificados como trabajo esclavo. La
experiencia de la forestación en los últimos veinte años revela que esta
industria ha destruido los ecosistemas, ha desertificado las tierras
fértiles aptas para la ganadería y la agricultura, ha expulsado a los
colonos de sus tierras y ha destruido cientos de puestos de trabajo en
diversas áreas, empobreciendo al país y sus posibilidades de futuro.
(En los departamentos de Tacuarembó y Rivera, al norte del país,
decenas de colonos que arrendaban parcelas para diversos cultivos –en la
mayoría de los casos en régimen de huerta familiar– fueron expulsados de
sus tierras por los propietarios para destinarlas a plantar eucaliptos o
venderlas a transnacionales de la forestación. En aquellos lugares
donde antes se concentraban hasta 200 personas ocupadas ahora basta con
cuatro peones para vigilar grandes extensiones de campo forestado. Una
serie de notas del periodista e investigador social Víctor Bachetta,
publicadas por el diario La República entre febrero y mayo de 2005, ilustra
ese proceso con mayor detalle y claridad.)
Sin embargo, hay quienes no se resignan a perder lo invertido en
forestación y a costa del sufrimiento del resto del país y del alto riesgo de
un gravísimo deterioro ambiental, presionan al gobierno para que
convierta a Uruguay en un país forestal, es decir, que deje de ser el
“Uruguay Natural” cuya imagen se ha promovido en forma publicitaria y pase a
ser una especie de republiqueta bananera de las transnacionales
forestales.
Los perjuicios para el país serán enormes, en particular para el propio
departamento de Río Negro, cuyo balneario Las Cañas, uno de los más
bellos y de mayor atracción turística del país, situado a ocho quilómetros
aguas abajo de Fray Bentos, será el principal perjudicado. ¿Quién va a
veranear a un lugar donde hay olor a huevo podrido? ¿Quién se va a
bañar en las aguas de una playa sobre la cual se volcarán diariamente miles
de litros de sustancias químicas peligrosas para la salud, en
particular los ya conocidos contaminantes orgánicos persistentes (COP)? Los
puestos de trabajo que se perderán en esa área turística todavía no han
sido evaluados pero sumarán una cifra sin duda relevante.
Dicho sea de paso, al permitir la instalación de las celulósicas el
gobierno violará los acuerdos internacionales que el propio país firmó,
como la convención de Estocolmo para reducir la emisión de dioxinas y
furanos. Uruguay, a contrapelo del mundo, aumentará la emisión de esas
sustancias.
Pero no sólo el turismo de Fray Bentos se verá resentido, también el de
todo el país y en particular el de la costa Este, porque ya la imagen
de “Uruguay Natural” ha quedado muy deteriorada por todo este asunto y
la obcecada negativa del gobierno uruguayo a escuchar la protesta de los
ambientalistas argentinos y las advertencias de los ambientalistas
criollos ha causado enormes perjuicios a las posibilidades turísticas del
país, en particular la de los años venideros. El turismo representó en
el año 2005 un alto porcentaje del total de ingresos de divisas al país,
de modo que poner en riesgo la continuidad de esos ingresos es atentar
contra la economía del país y contra los intereses del país mismo.
Pero lo más grave es que si el gobierno mantiene su tozuda posición se
corre el riesgo de que el conflicto con Argentina se agrave al punto de
poner en cuestión las relaciones comerciales con uno de los principales
mercados compradores de nuestra producción exportable.
(La gremial uruguaya de transportistas, junto a sectores exportadores,
anunció recientemente que el país ya perdió más de treinta millones de
dólares a raíz de este conflicto. ¿Hasta cuando el gobierno uruguayo
seguirá manteniendo una posición que conduce a nuestra economía y al país
a situaciones críticas y ruinosas?)
En aras de la defensa de una posición favorable a las celulósicas
-insostenible, a esta altura- se pone en riesgo uno de los principales
soportes de la economía del país: la exportación al mercado argentino. No
debemos olvidar que las campañas de boicot a determinados productos o
marcas, que suele emplear como método de lucha la organización ecologista
Greenpeace, suelen dar buen resultado y afectar grandemente el consumo
de tales mercaderías. ¿Vale la pena exponernos a ese riesgo, que ya es
una realidad en puerta?
Por otra parte, cuando nuestra etiqueta internacional “Uruguay, País
Natural” pierda confiabilidad ante los consumidores internacionales, el
turismo se resienta y el mundo comience a dejar de comprar nuestros
productos, no digo árboles, sino carne, cueros, lana, lácteos, cereales o
cualquier otro producto “natural”, ¿qué le va a decir este gobierno a la
gente? ¿Ajo y agua?
Si la instalación de esas plantas trae tantos problemas y tan pocos
beneficios, por qué razón nuestros gobernantes siguen empeñados en
apoyarlas. ¿Los frenteamplistas no se han preguntado por qué los principales
dirigentes políticos del Partido Colorado y del Partido Nacional apoyan
al gobierno en este tema en forma casi más fanática que los propios
militantes de izquierda?
Claro, tampoco parecen haberse percatado de que se ha montado una gran
parafernalia mediática a favor de las plantas, diligente para
descalificar cualquier opinión contraria, identificando el asunto como si fuera
una causa nacional, en un bombardeo permanente que hace recordar la
metodología goebbeliana en materia informativa.
No es porque esto beneficie al país, es porque tales organizaciones
políticas están involucradas con el modelo forestal, en particular Lacalle
y compañía y por eso el dirigente herrerista ha manifestado su apoyo
incondicional a Vázquez en este asunto. ¿En qué se fundamenta, entonces,
la postura del gobierno? (Véase recuadro).
Una punta del ovillo por donde empezar a comprender semejante embrollo
parece ser el hecho de que buena parte del sector profesional uruguayo
-abogados, médicos, escribanos, arquitectos y otros profesionales-, así
como otros sectores de clase media y alta (bancarios y banqueros)
realizaron en el pasado reciente grandes inversiones en forestación y ahora
presionan al gobierno para que favorezca la instalación de las plantas,
lo que le daría una salida rápida, segura y económica -sin el costo de
los fletes- a los miles de árboles que ocupan hoy buena parte del
territorio nacional.
Es sabido que en los años 80 y 90 muchos profesionales universitarios
invirtieron en forestación. Es paradigmático el caso de las cajas de
profesionales, de notarios y de bancarios, las cuales poseen grandes
extensiones forestadas. Ya es conocido el hecho de que el gremio bancario
(AEBU) apoyó un acuerdo entre Botnia y la Caja Bancaria para que esta
institución provea de madera a la transnacional finlandesa. Si a esos
antecedentes le sumamos que algunos izquierdistas todavía sostienen el
ilusorio sueño de volver al pasado industrialista, con muchas fábricas
echando humo por sus chimeneas y con el crecimiento del proletariado
industrial como columna vertebral de una futura revolución social, entonces
uno puede empezar a comprender por qué en la izquierda son muy pocos los
que cuestionan esta nueva barbarie a la cual el imperio nos quiere
someter y que el gobierno frenteamplista más que tolera, apoya con
inusitado fervor.
RECUADRO – La coima, el tiburón y la sardina
A pesar de que el canciller uruguayo ha sostenido que nuestro gobierno
no acepta coimas, sugiriendo en forma elíptica que sí lo habrían hecho
las autoridades argentinas, de haberse dado la oportunidad, es
innegable que todos los partidos políticos uruguayos con representación
parlamentaria (incluido el Frente Amplio) ya aceptaron el dinero que las
empresas Botnia y Ence pusieron arriba de la mesa para financiar los viajes
de un nutrido grupo de parlamentarios al viejo continente, quienes
viajaron con todos los gastos pagos con la excusa de ir a inspeccionar las
celulósicas en sus respectivos países.
Lo real es que hay mucho dinero de por medio, que estas empresas no
escatiman en financiar gigantescas campañas publicitarias a su favor ni en
apelar al medio que sea para ganar adeptos, y que la compra de
conciencias está en el orden del día. Hasta han llegado incluso a organizar
fiestas masivas y regalar toneladas de juguetes y artículos escolares en
los barrios pobres de Fray Bentos para captar la simpatía de la opinión
pública. Si uno no fuera tan crédulo podría llegar a pensar que se
trata de demagogia pura.
Recientemente se denunció que la empresa Botnia pagó algo más de cuatro
mil dólares a un dirigente ambientalista fraybentino para que actuara
solapadamente entre los ambientalistas uruguayos con el objetivo de
frenar las manifestaciones contrarias a la instalación de las plantas, e
influyera en la asamblea ciudadana de Gualeguaychú para promover un
ámbito de entendimiento entre las partes. Los directivos de la empresa
reconocieron públicamente que le habían entregado al fulano solamente 50 mil
pesos para que se encargara de tales gestiones, pero negaron que
semejante conducta pudiera ser calificada de coima.
Pero aunque absolutamente todos los miembros del plantel gobernante
fueran tan ingenuos como impolutos, hay algunos hechos que no pueden
negarse: porque es innegable que la actual postura del gobierno en esta
materia es absolutamente funcional a los intereses de los Estados Unidos.
Es evidente que un Mercosur fuerte conspira contra los planes
hegemónicos del imperio. Sobre todo con el acople de Chile, Bolivia y Venezuela,
lo que conformaría un poderoso bloque no sólo ya económico sino también
político que, a corto y a mediano plazo, podría convertirse cuando
menos en una gran incomodidad para el gigante del norte. Por eso Estados
Unidos arremete con el ALCA y por eso, a los fines de su estrategia,
resulta funcional que el Mercosur se debilite, que no avance. En ese marco,
la polémica por las plantas de celulosa y la grieta cada vez más agria
en las relaciones entre Argentina y Uruguay acumula para los intereses
estadounidenses y va en contra de los intereses de nuestras naciones.
No es casual, entonces, que algunas voces del gobierno comiencen a
hablar en forma favorable a un eventual tratado bilateral de libre comercio
con Estados Unidos. Se cumple la vieja ley; el pez grande se come al
chico.
PD: el flamante anuncio del presidente Vázquez en la propia sede del
imperio, sobre el inminente alejamiento de Uruguay del MERCOSUR, no hace
más que confirmar una triste sospecha: el viejo imperio sigue mandando,
aunque la gente haya votado por el cambio y el socialismo. Una vez más
los hechos convocan a no cejar en la lucha por los viejos sueños.
Walter Falco
Montevideo, 1 de mayo de 2006.
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