jueves, marzo 08, 2007

Las elecciones y las mesas redondas (Sobre el conflicto docente en la Provincia de Buenos Aires)




El Ministro Filmus desató una tormenta, un temporal que se terminó cobrando una víctima: el Ministro Otero de Economía de la Provincia de Buenos Aires y varios de sus colaboradores mas notorios.

Se trata de un equipo que ha sobrevivido a varias gestiones en la primer provincia del país, por lo que su renuncia no carece de significación.

Los hechos son aproximadamente éstos:

Filmus llegó a un acuerdo con los gremios docentes a nivel nacional.Anunció públicamente un aumento salarial para todos los docentes del país, estableciendo el mínimo en $1040.

Claro está que los presupuestos sobre los que el Ministro Filmus decidió que se produjeran los respectivos aumentos son presupuestos que él no administra.

La consecuencia fue obvia: El conflicto salarial de los docentes bonaerenses reclamando por lo prometido.

Ahora bien, el presupuesto bonaerense realmente no alcanzaba para otorgar el aumento pedido.

La provincia reclamaba 700 millones adicionales para completar el presupuesto, mientras que la Nación sólo aportaba 300 millones.

El final planteó disconformes a un lado y al otro de la cadena de argumentos.

De un lado las tendencias mas radicalizadas del espectro sindical docente plantearon su disconformidad y prosiguieron con sus reclamos, del otro el Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires renunció arguyendo las presuntas presiones y la falta de compromiso de la Nación en la resolución del problema.

Y esto es lo interesante de la situación porque ofrece varias aristas en las que se ponen en juego conflictos latentes y permanentes en nuestra sociedad.

Digamos que en esta situación son tres las cuestiones que se superponen, y de allí la explosividad de la misma.

1) En primer lugar está de por medio la cuestión electoral. Quien dispone el aumento salarial, no le queda claro a la opinión pública, si es el Ministro de Educación, o el candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Lo que le queda claro a diversos sectores sociales es que sólo en momentos pre electorales se pueden valer del sistema político. Ahora bien, esto no responde nunca a un debate estructural sino a cuestiones espasmódicas y coyunturales que son aprovechadas por los sujetos intervinientes con el máximo de oportunismo y sin atender a otras consideraciones.

2) Se pusieron en evidencia las tensiones salariales existentes en el sector educativo, que comprenden a las tensiones engendradas por la distribución regresiva del ingreso en general.

En este punto, se advierte que no se plantea un debate a fondo acerca de los déficit de la educación pública, de la que se deberían hacer cargo los propios trabajadores de la educación so pena de repetir errores ya cometidos por los trabajadores de las empresas estatales de servicios públicos antes de ser privatizadas en la década anterior.

El debate salarial, por otra parte, conduce a otras reflexiones. Hoy en día cualquier ciudadano debiera disfrutar de un ingreso superior a $ 1040.


El punto es por qué, en vez de discutir el "ingreso ciudadano" se apela a "parches" que finalmente nunca permiten que los presupuestos públicos se puedan hacer cargo de los aumentos solicitados, y que los privados obtengan cuantiosos márgenes de ganancia, con bajos índices salariales.


Todo ésto lo decimos, teniendo en cuenta que la representación gremial docente, en sus diversos matices sigue respondiendo al modelo de "representación obrera", y no al de "empresa de servicios" que caracteriza a la dirigencia de la CGT.


3) El tercer debate que se produce es el de la coparticipación, y la distribución de las cargas fiscales.


El rigorismo fiscal que observa un Estado Nacional, que sostiene un superávit primario a partir de la delegación de la mayor parte de las prestaciones cotidianas a los gobiernos locales, y de la percepción de las retenciones derivadas del "boom agropecuario" que no son coparticipables, deja pendiente un debate.


Mas allá de discutir el probable grado de corrupción, y/ o ineficiencia en la administración de los presupuestos locales, queda claro que allí donde hay que satisfacer necesidades inmediatas, el rigor fiscal no parece sostenible. Habría que preguntarse si es deseable.


En suma. Si las candidaturas y las elecciones son las que determinan la asignación de fondos, el sistema político será autista, y si el sistema político es autista, la sociedad seguirá pendiente de "Gran Hermano"